Se manejaron argumentos seudojurídicos como proponer que las garantías y principios constitucionales debían decaer ante la gravedad de los hechos denunciados. Se afirmaba algo así como que la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo son grandes formulaciones teóricas, pero que en la práctica los hechos eran muy graves y que la juez se había precipitado en archivar, o que hacía falta más tiempo para seguir investigando. Fueron todos ellos razonamientos paralegales, impropios de un Estado de derecho.
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