La deportación de refugiados es un crimen de lesa humanidad contemplado en el artículo 607 bis 1.4º del Código Penal. Turquía no es un país que destaque por destinar sus finanzas a la ayuda de los más necesitados y, mucho menos, a cumplir los Derechos Humanos. El contrato sellado con Turquía pone en ejecución un plan de deportaciones masivas que afecta de forma generalizada a población civil.