Los ayuntamientos están obligados por Ley a dejar que el Tribunal de Cuentas audite sus números. Los municipios deben enviarlas en el ejercicio siguiente al concluído. Es decir, por ejemplo, a lo largo de 2022 deben mandar las de 2021. Con todo, los que violen esta ley se enfrentan a un castigo irrisorio. Como máximo unos 900 euros de multa, que además no paga el alcalde, sino el municipio. Parece que a sus vecinos no les importó que no se rindieran cuentas a los contables públicos, pues en 2015 y 2019 revalidó la mayoría absoluta.