La asociación asegura que el 30% de los preceptores de la RGI, muchos de ellos extranjeros, “se llevan el 80% del presupuesto”. Entre las propuestas enviadas a Artozabal y su departamento, SOS Euzkadi Laguntza apuesta por conceder la RGI a personas “exclusivamente empadronadas y residentes en el País Vasco“, controlar a las personas solicitantes a través de la huella digital “con el fin de evitar fraudes y problemas administrativos” y eliminar la ampliación y revisión de la prestación de manera o-line ya.
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