En concreto, de las 86 infracciones administrativas, cada una con una multa de 80.000 euros, 44 eran por revelar "información comercial sensible", 32 por "exigir pagos adicionales sobre el precio pactado", y nueve por "modificaciones de las condiciones contractuales sin estar expresamente pactadas por las partes", según ha informado el Alto Tribunal en un comunicado.