Aquella orden de peajes se diseñó en función de unas previsiones no solo de ingresos de los nuevos impuestos eléctricos y de la asunción por parte de los Presupuestos del Estado de unos 900 millones de sobrecostes extrapeninsulares, sino también de un crédito extraordinario por 2.200 millones que quedó posteriormente anulado por el Congreso con efectos retroactivos.