Según la Comisión Europea, los trabajadores desplazados pueden ganar hasta un 50% menos en algunos sectores y países. Esto puede generar una competencia desleal entre las empresas nacionales y las compañías que trasladan temporalmente a sus empleados a ese país, y obstaculiza el buen funcionamiento del Mercado Único de la UE. Las lagunas en la legislación actual también han llevado a un crecimiento de las prácticas abusivas y fraudulentas, que implican la explotación de los trabajadores desplazados.