El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso de los Diputados, donde deberá reunir los apoyos necesarios para ser aprobado, el veto a los despidos automáticos ante incapacidad sobrevenida. La principal novedad que el Ejecutivo ha introducido en la misma durante la audiencia pública es que los trabajadores afectados por una incapacidad sobrevenida y que quieran seguir trabajando podrán cobrar una prestación pública durante los tres meses que tienen por ley sus empresas para adaptarles el puesto de trabajo.
Comentarios
#0. Existen, sin duda, empresas con sobrada capacidad para cumplir su doble papel, tanto de motor económico como de función social. Pretender esquivar esa función social es mezquino, despreciable y reprobable.