Desde la Administración no tienen todavía los datos actualizados de los funcionarios contagiados y han recordado que los encargados de las pruebas diagnósticas de Covid-19 a los empleados públicos no son ellos, sino la mutua correspondiente y las CCAA. - Relacionada: Se contagian por COVID 52 presos en Picassent pero no realizan las pruebas a los funcionarios
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"Pese a ello, Acaip-Ugt ha denunciado que la empresa contratada por la Secretaría General de IIPP para el seguimiento de contactos ha actuado "de forma negligente" ya que "en ningún momento ha prescrito que se les hiciera prueba alguna, no ha rastreado sus posibles contactos laborales y, en las llamadas realizadas a los trabajadores han demostrado un total desconocimiento de la actividad que se realiza en un centro penitenciario, tratando de echar la culpa de la situación a los propios trabajadores afectados".
Por ello desde el sindicato han requerido la rescisión del contrato, ya que es "tirar el dinero"."