El gobierno de Piñera quiere recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional para evitar el retiro de fondos provisonales. Urge limitar el poder de un órgano absolutamente antidemocrático, carente de representación popular y que se basta de la voluntad de cinco personas designadas para soslayar la mayoritaria voluntad popular, y que cumple el rol de una tercera “cámara” de facto que actúa contrarrestando la voluntad popular. El poder legislativo debería poder ejercer su rol sin ningún tipo de tutelaje, más que el de los propios electores.
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