El Tribunal de Cuentas cifró el menoscabo patrimonial en un total de 241.128 euros entre 2002 y 2015 pero concluyó que los hechos anteriores a julio de 2010 estarían prescritos, por lo que sentenció que solo se le podía reclamar un alcance de 159.300 euros. El Tribunal de Cuentas determinó que F.R.C.F se "apropiaba" del dinero que le era entregado para la compra de sellos de la UAL, compras "que no llegaron a efectuarse".