El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha admitido a trámite un caso sobre derechos de privacidad que determinará si las fuerzas de seguridad necesitarán autorización judicial para acceder a la información de localización de teléfonos móviles archivada por las compañías. La cuestión a debatir es si el acceso a estos datos sin una orden judicial viola el derecho del acusado a permanecer libre de registros e incautaciones injustificadas que recoge la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.