Los máximos responsables políticos de la Junta y del Ayuntamiento que han avalado y aprobado este PGOU, y los técnicos de estas administraciones que lo han informado favorablemente, deberían explicar ahora estos graves incumplimientos de la legalidad en que han incurrido, que no puede quedar impune por el daño que están provocado al municipio.
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La justicia debería ser más tajante con los que promueven delitos ecológicos y luego se lavan las manos