Tras cinco años de pugna legal, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón a la Direcció General de Turisme (DGT) de la Generalitat por exigir que el gigante de las plataformas de alojamiento Airbnb cumpla la normativa catalana y, en consecuencia, deje de anunciar en su portal las viviendas que no cuentan con número de registro turístico (lo que acredita su legalidad) o que se publicitan con uno erróneo o inexistente.
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