Agentes de la Guardia Civil acudieron el pasado lunes a la sede de Arpegio, la sociedad pública del suelo que estuvo bajo control de Francisco Granados. Reclamaron nuevos expedientes del Plan Prisma, el programa de inversiones en municipios en el que el Ejecutivo regional invirtió cientos de millones de euros en la etapa que era controlado por el político hoy encarcelado. Una directiva de este organismo ya está imputada por supuestas irregularidades.