La UPM incumple la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a readmitir a los 156 trabajadores laborales despedidos ilegalmente a través de la amortización de plazas en marzo de 2013. En vez de readmitirlos con plenos derechos, prefieren pagarles sin permitir que acudan a sus puestos de trabajo, a la vez que intentan deshacerse de ellos mediante amenazas y despidos improcedentes.