En una sentencia de una severidad inédita en Uruguay, 17 funcionarios del sistema de reclusión para menores fueron enviados a la cárcel y se les inició un proceso por el delito de tortura. La sentencia fue firmada por el juez Gustavo Iribarren, quien también procesó, aunque sin prisión, a otros nueve funcionarios por complicidad. Entre estos últimos se encuentra el presidente del sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, José Lorenzo López.