El club aplica la medida cautelar y notifica al aficionado que fue denunciado por delito de odio su prohibición de entrar al estadio. Cuando se presentó la denuncia, cinco personas se ofrecieron a testificar. Sin embargo, la alarma social generada por la publicación del caso —difundido por Levante-EMV el pasado 10 de noviembre junto a los audios originales— ha provocado que el número de testigos se eleve ya a quince, todos ellos dispuestos a declarar sobre la conducta reiterada del aficionado durante múltiples partidos y temporadas.
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