El comisario José Manuel Villarejo vinculó a mediados de 2009 al exconsejero madrileño de Justicia e Interior, Alfredo Prada, en un contrato de seguridad para la Ciudad de la Justicia que se hizo “sin cumplir ningún trámite” y que recayó finalmente en una empresa relacionada con Álvaro Lapuerta, quien acababa de dejar el puesto de tesorero del PP a Luis Bárcenas.