La denuncia de la CIG se centra en que la Xunta "ha reservado un puesto" para Villares cuando " no tiene derecho a él por ser un trabajador temporal". Ese puesto, añaden, "le fue ocultado y reservado mientras tenía responsabilidades políticas", primero como alcalde de Cervo y luego como concejal, si bien, durante el proceso de estabilización laboral convocado al amparo de la ley de reducción de la temporalidad en 2021 —exigido por la legislación europea—, "el exconcejal participó y no obtuvo plaza".
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