Con su campaña Descuelga uncrucifijo por los servicios públicos dice pretender «incentivar razonada y económicamente» el cumplimiento de la aconfesionalidad del Estado que define la Constitución. Escuelas, hospitales, cuarteles, juzgados, ayuntamientos, cientos de edificios son susceptibles de acogerse a una campaña que, con un presupuesto total de 2.500 euros, espera retirar 500 crucifijos.
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