Al final de la guerra llegaron a existir 188 campos de reclusión en toda España. Los militares sublevados concibieron los campos como lugares de internamiento preventivo y fuera de la ley, para recluir a sus prisioneros de guerra en aras de clasificarlos, determinar sus supuestas responsabilidades criminales político-sociales, reeducarlos y reutilizarlos en una red de trabajo forzoso o enviarlos a prisión. A finales de 1937 había en España aproximadamente 107.000 prisioneros de guerra en una situación completamente fuera de la legalidad.