Caso Puig Antich: por qué el poder judicial no cuestiona su pasado franquista Así están las cosas: en España nunca ha prosperado un recurso de revisión de una sentencia procedente de un consejo de guerra franquista por un delito
Pues está claro, en la Transición no se depuró a la judicatura colaboracionista, ni a la policía político social, ni a los miembros franquistas del ejército (¿todos?),etc... y no es que muchos sigan vivos, después de 39 años el que no está jubilado está criando malvas, el problema viene porque no se ha sentado en sus cabezas lo que es una democracia y sobre todo las garantías procesales que nunca existieron en el franquismo, sin hablar de las torturas, etc.
Con motivo de los Juicios Sumarísimos a los militantes de E.T.A. y F.R.A.P., de septiembre de 1975, que terminaron con el fusilamiento de José Luis Sánchez-Bravo, José Humberto Baena, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegi Echevarría el observador judicial de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y de la Liga Suiza de Derechos del Hombre redacto en su informe lo siguiente:
"El que suscribe no puede por menos que comprobar una vez más que los derechos elementales de la defensa, es decir, el derecho que tiene el acusado a ser juzgado con equidad … ha sido menospreciado en España de la manera más grosera…. nunca ha tenido, desde que asiste a procesos políticos en España, un sentimiento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso, en definitiva una farsa siniestra, sobre todo si pensamos en la suerte que se reserva a los acusado”. “Es evidente que el régimen franquista no podía dejar impune el asesinato de un policía, sobre todo en el clima actual de represión que ha alcanzado su paroxismo con la promulgación de la Ley Antiterrorista, cuya finalidad es amordazar cualquier forma de oposición. Era preciso encontrar culpables para infringirles el castigo ejemplar exigido por ciertos sectores del régimen... ¿Pero son realmente culpables los miembros del FRAP que están siendo juzgados? ¿No pagan éstos por otros?".
En una democracia todos estos juicios serían impensables y serían anulados, pero...
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Pues está claro, en la Transición no se depuró a la judicatura colaboracionista, ni a la policía político social, ni a los miembros franquistas del ejército (¿todos?),etc... y no es que muchos sigan vivos, después de 39 años el que no está jubilado está criando malvas, el problema viene porque no se ha sentado en sus cabezas lo que es una democracia y sobre todo las garantías procesales que nunca existieron en el franquismo, sin hablar de las torturas, etc.
Con motivo de los Juicios Sumarísimos a los militantes de E.T.A. y F.R.A.P., de septiembre de 1975, que terminaron con el fusilamiento de José Luis Sánchez-Bravo, José Humberto Baena, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegi Echevarría el observador judicial de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y de la Liga Suiza de Derechos del Hombre redacto en su informe lo siguiente:
"El que suscribe no puede por menos que comprobar una vez más que los derechos elementales de la defensa, es decir, el derecho que tiene el acusado a ser juzgado con equidad … ha sido menospreciado en España de la manera más grosera…. nunca ha tenido, desde que asiste a procesos políticos en España, un sentimiento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso, en definitiva una farsa siniestra, sobre todo si pensamos en la suerte que se reserva a los acusado”. “Es evidente que el régimen franquista no podía dejar impune el asesinato de un policía, sobre todo en el clima actual de represión que ha alcanzado su paroxismo con la promulgación de la Ley Antiterrorista, cuya finalidad es amordazar cualquier forma de oposición. Era preciso encontrar culpables para infringirles el castigo ejemplar exigido por ciertos sectores del régimen... ¿Pero son realmente culpables los miembros del FRAP que están siendo juzgados? ¿No pagan éstos por otros?".
En una democracia todos estos juicios serían impensables y serían anulados, pero...
Porque siguen vivos y en posiciones de poder.
Carlos Rey, redactor de la sentencia a muerte de Puig Antich y abogado de la líder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho, imputado en la querella argentina
http://www.ceaqua.org/la-querella-argentina-pide-la-imputacion-del-comisario-de-leganes-y-otros-seis-policias/
Ya dijo la momia:queda todo atado y bien atado...y hemos necesitado 40 años para darnos cuenta...
Un hombre mayor me dijo hace tiempo:
"Tienen que pasar al menos tres generaciones para que este pais cambie"
Porque no tienen por qué. Los jueces hacen cumplir la ley, no hacen la ley.
Y que siga siendo así, vaya...
Caso Puig Antich: por qué el poder judicial no cuestiona su pasado franquista