En noviembre de 2015 se firmó un acuerdo entre el Gobierno y Farmaindustria cuyo principal objetivo era intentar poner freno al elevado gasto farmacéutico público y, en todo caso, corresponsabilizar al sector industrial de forma más activa, ya que se podría beneficiar cualitativamente de su contención y asumir de forma directa el coste de sobrepasar un determinado nivel del mismo.