Durante todo el siglo XIX se produjo un debate en España entre los proteccionistas y los librecambistas. Los primeros representaban los intereses de los grandes productores de cereal del interior peninsular, en alianza con los fabricantes textiles catalanes y los industriales siderúrgicos vascos. Frente a estos grupos estaban los comerciantes, siempre interesados en poder comprar mercancías sin el coste añadido de los aranceles, y las compañías ferroviarias que necesitaban importar tecnología para poder montar las líneas de ferrocarril.