Existe base jurídica suficiente para establecer reclamaciones judiciales en el ámbito nacional e internacional para defender las inversiones renovables. El principio de unidad y concentración de las reclamaciones puede reforzar las denuncias que se lleven a cabo y poner de manifiesto la situación de emergencia social que se deriva de la retroactividad aplicada a todas las inversiones renovables. Si el Estado no defiende la seguridad jurídica de las renovables, habrá que defenderla en los tribunales nacionales y europeos.