Entre 2015 y 2019, Islandia implementó un programa piloto en el que 2.500 empleados públicos redujeron su jornada laboral de 40 horas semanales a entre 35 y 36 horas. Las primeras consecuencias de este experimento fueron claras: los niveles de productividad se mantenían y se mejoraba considerablemente el bienestar de los trabajadores, que reportaban menores niveles de estrés y mejoras en la conciliación laboral.
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