Este microcosmos laboral se encontraba sujeto a unas ordenanzas muy concretas. Los dueños o arrendatarios de los lavaderos formaban un gremio reglamentado, en mayor o menor medida, desde el siglo XVIII, contando incluso con sus propios cobradores de subsidio, variando el importe según el lavadero. El negocio de las lavanderas fue regularizado al alcanzar su máxima actividad durante el siglo XIX, siendo el Ayuntamiento el que fijó en 2 maravedíes el precio por vara de terreno y banca colocada en el Manzanares.