Durante la invasión napoleónica, en el Decreto I del 24 de septiembre de 1810, se instituyó un nuevo sujeto soberano: la Nación. Esta medida se vio luego plasmada en la Constitución. Se proclamó, en resumidas cuentas, que el país no podía ser patrimonio de una persona o una familia. Es decir, todo lo que se conocía como Patrimonio Real pasaba a ser Patrimonio Nacional. Sin embargo, la monarquía luchó durante todo el siglo XIX para que fuese al revés. Esta lucha fue origen de conflictos y también de niveles insoportables de corrupción.