En Perú, durante el mandato del presidente Alberto Fujimori, más de 300.000 mujeres fueron sometidas a un programa de esterilización forzada conocido con el nombre de “Plan de salud pública”. Éste fue presentado el 28 de julio de 1995. El plan fue financiado principalmente por la Agencia de Cooperación Internacional Estadounidense con 36 millones de dólares y, con una cantidad mucho menor, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
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