El proceso a La torna supuso entre muchas connotaciones la toma de conciencia pública al derecho a la libertad de expresión. La prueba de la existencia del estamento militar como poder fáctico al servicio de la reacción. La inoperancia del Gobierno frente a las fuerzas vivas de la dictadura todavía reciente. La impotencia de los partidos políticos parlamentarios frente a los poderes -aún consagrados- de la oligarquía franquista. La sentencia del consejo de guerra condenó a cada uno de los procesados que comparecieron ante el tribunal, a la pena
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La sentencia del consejo de guerra condenó a cada uno de los procesados que comparecieron ante el tribunal, a la pena de dos años de prisión por el delito de injurias a la autoridad militar y al benemérito instituto de la Guardia Civil. Dicha pena fue cumplida por todos ellos en su casi totalidad, pues si bien la movilización general y la respuesta popular a la sentencia hizo que el Gobierno otorgara un indulto, éste llegó, como casi siempre, demasiado tarde.
Dos fueron los logros obtenidos por la mayor y más larga movilización popular ocurrida en Cataluña después de la muerte del dictador. El tardío indulto concedido por el Gobierno y la reforma del Código de Justicia Militar mediante la ley orgánica 9/1980 de 6 de noviembre. A partir de entonces los civiles no podrían ser juzgados por militares a excepción de aquellos delitos supuestamente cometidos en cuarteles o campamentos. Y las sentencias dictadas por consejos de guerra podría ser recurridas en casación ante el Consejo Supremo de Justicia Militar.