La decisión vino motivada por la queja de seis canales de TV en abierto del interior de Argentina y dos asociaciones empresariales que se produjo a mediados del 2003. En esta afirmaban que las señales de TV en abierto se mantenían gracias a la venta de espacios publicitarios pidiendo que “se arbitren medidas tendientes a evitar que se continúe con el abuso de la venta publicitaria realizada por circuitos cerrados de televisión o señales de televisión satelital”.