De acuerdo con el decreto presidencial, aquellos que entren en territorio sirio de forma ilegal podrán ser condenados a una pena de entre cinco y diez años de cárcel y a una multa de entre cinco y diez millones de libras sirias (38.000 y 76.000 euros). El régimen de Al Assad ha denunciado en numerosas ocasiones supuestos intentos de infiltración de "terroristas" extranjeros, sobre todo de nacionalidad libanesa y turca, en territorio sirio para desestabilizar el país.