Con un plan eficaz de prevención del fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos la bolsa de economía sumergida en España, que actualmente supera los 245.000 millones anuales, situándose en niveles de fraude similares a los países de la Unión Europea. Esto supondría una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que estabilizar las cuentas públicas sin recurrir a drásticas medidas de recorte del estado del bienestar.