El pasado 1 de octubre, a las 10.27 horas, el Registro de la Propiedad de Pollença (Baleares) recibía la orden de embargo de cuatro fincas de esa demarcación. Quien lo ordenaba era el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y el motivo era "responder" de los casi 27 millones de euros que deben Mario Conde y otros dirigentes del antiguo Banesto a sus accionistas, según desvela esta semana la revista 'Interviú'.
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