Muchas angustias y muchos rumores se han agolpado en las ventanillas de los ayuntamientos esta semana por el temor de que la Generalitat cortase el flujo a las familias que cobran la renta mínima de inserción, la prestación que se reserva a quien ha quedado atado al eslabón más débil de la sociedad y con la que el Govern teme que se comete más de un fraude. Centenares de beneficiarios han acudido alarmados a las dependencias municipales para resolver por qué no habían recibido el ingreso que agotan mes tras mes.
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Ante el retraso de que el cheque llegue a los hogares, los servicios sociales de Santa Coloma han optado por comprar los medicamentos a cuatro personas afectadas por las modificaciones en la ayuda popularmente conocida como PIRMI. "Es gente con un nivel muy bajo de conocimientos y que no tiene nada más", añade el mismo portavoz, que comenta que el Consistorio ha avanzado dinero a los vecinos que apenas les quedan fondos y que deben costear recetas que ascienden, en algunos casos, a 50 y 100 euros.