Increíble pero cierto: un contrato en una empresa pública no es sinónimo de seguridad. El Ayuntamiento de Alboraya, cerca de Valencia, fue el consistorio que rompió la veda con el anuncio de que iba a despedir a sus propios empleados para contener el gasto de las arcas públicas. Cuarenta y cuatro trabajadores a la calle a través de un expediente de regulación de empleo con el que pretender recortar costes por 1,1 millón de euros. Después vino Fuente el Saz, y ahora son Danganzo y El Álamo quienes pretenden despedir personal.