Eran anteriormente conocidas, gracias a los medios y a distintas iniciativas ciudadanas contrarias a este tipo de medidas, la intención de la presidencia europea de llevar al europarlamento una norma que, por un lado obligara a los proveedores de teléfono e Internet a guardar los datos de nuestras comunicaciones, y por otro permitiera a las fuerzas de seguridad de los estados el acceso sin control judicial; todo ello con la excusa de la lucha antiterrorista.