Exige una "auténtica regulación" que proteja a los usuarios de los "abusos" que se cometen en el sector. La demanda es que se considere la telefonía móvil como una obligación de servicio público. El próximo 1 de marzo, día en que entran en vigor las nuevas y abusivas tarifas anunciadas por las principales compañías del sector, hay convocada una jornada de "móviles caídos" en señal de protesta. Las asociaciones de consumidores instan a que ese día sólo se utilicen los móviles en caso de emergencia.