Ahora la Junta de Galicia ya no permite que hispano-hablante alguno pueda prestar sus servicios en su ingente máquina burocrático-clientelar si no posee un certificado de galleguista, expedido por sus servicios de indoctrinación, mediante el que certifica que todos los españoles que no pasen por la inoculación del gallego normativo son excluídos por razón de lengua (gallega).