Entre las decenas de afectados, inversores importantes como la Mutualidad de la Policía, empresarios, congregaciones religiosas y personas de la alta sociedad. El caso gira alrededor de dos hechos: las pérdidas sufridas por los inversores, cuyo dinero, en torno a 10 millones de euros, acabó en manos del estafador estadounidense y la constitución de una asociación de perjudicados, financiada por el propio banco para minimizar los daños.