El texto aprobado en el Congreso, pasa directamente al Senado. Establece que las comunidades de vecinos, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan o trabajen personas con discapacidad, estarán obligadas a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad en las zonas comunes que sean necesarias, o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la comunicación de estas personas con el exterior.