El Tribunal Constitucional avaló en una sentencia de 2003 que el presidente del Consejo General del Poder Judicial pudiera comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en el caso de que así lo pidiera un grupo parlamentario, en contra de lo que defiende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Gobierno, a través del ministro, ha anunciado que bloqueará las peticiones de comparecencia de Carlos Dívar, por entender que el Parlamento no puede controlar la actividad del Poder Judicial.