La Circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha puesto en pie de guerra a la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, el colectivo por la Paz y la Solidaridad y otras 140 asociaciones y sindicatos, que han dirigido sus protestas a la oficina del Defensor del Pueblo para que tome medidas, ya que consideran su aplicación sobrepasa la identificación de personas.