Durante los cuatro años posteriores a los ataques del 11 de septiembre del 2001, los fiscales federales incluyeron delitos como violaciones migratorias, fraude matrimonial y contrabando de drogas entre sus casos de antiterrorismo, pese a que éstos no guardaban relación alguna con actividad terrorista. Así lo reveló ayer un estudio del Departamento de Justicia, que también apuntó que a casi todas las estadísticas sobre investigaciones, referidos y casos relacionados examinadas por el inspector general de Justicia.