Lo que en principio se instruyó como un fraude de IVA de 13,6 millones de euros de una cooperativa ha acabado destapando una presunta red de comisiones ilegales y sobornos que venía funcionando, al menos, desde 2008 en los puertos de Vigo y Marín para no declarar un porcentaje de las descargas de pescado. Una investigación de gran calado, que podría acarrear fuertes sanciones administrativas y delitos penales para el sector pesquero gallego y empresas de distribución de la provincia de Pontevedra.