Los detenidos, entre los que se encuentra el actual secretario general de la AIT, son acusados del ataque incendiario contra la embajada griega en Belgrado. El Estado, queriendo acallar sus críticas y a través de sus medios de represión, actúa con una lógica absurda, cataloga como sospechosos a quienes declaran explícitamente sus puntos de vista libertarios y cierra el caso mediante su encarcelamiento para dar una falsa imagen de eficiencia a la opinión pública.