La última reunión del Consejo de Ministros ha resucitado el absurdo concepto de pagar por un derecho que no puede ejercerse por estar prohibido,y asignarle a dicho derecho un presupuesto que nadie sabe como calcular (y que no puede ser decidido arbitrariamente o, de lo contrario, podría ser impugnado como ya demostró en su momento la abogada Ofelia Tejerina, de la Asociación de Internautas).[...]¿Cómo puede ser posible que la misma ley que permite la copia privada[...]permita el uso de sistemas tecnológicos destinados a impedir dicho ejercicio?