En pleno debate sobre la reforma local, la Diputación de Granada (PP) enseña a cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter estatal y empleados públicos de las entidades locales “con titulación superior, media o asimilada” los mecanismos para realizar despidos colectivos a precio de saldo. Lo hace a través de un organismo que depende de la corporación provincial y que ofrece la posibilidad de aprender en 40 horas, y por 250 euros, las técnicas de despido en las entidades locales.
Comentarios
Esto es extrapolable a todo el estado:
"La reforma local, si prospera tal y como está planteada, supondría cinco mil despidos en los ayuntamientos de la provincia de Granada, donde el 95% de los municipios, todos ellos con menos de veinte mil habitantes, tendrían que dejar de prestar servicios sociales, culturales, educativos… Desaparecerán los servicios de catering para mayores, del que ahora se benefician miles de familias, los servicios de integración sociocultural para menores, las ayudas o becas al estudio, los centros de información juvenil, los programas de arreglo de viviendas para mayores, los servicios de ayuda a domicilio que los ayuntamientos prestan a las familias que más lo necesitan para casos urgentes, los centros de información a la mujer, que atiende a mujeres con orden de alejamiento, las escuelas municipales de música… La supresión de todos esos servicios, en el mejor de los casos, supondrá el despido del 40% de la plantilla."
La verdad es que la ley LSRAL del PP es bestial
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Y ahora volvemos al caciquismo
La reforma de las administraciones locales trata de seguir quebrando, golpe a golpe, el estado social, los derechos, las libertades, la democracia incluso porque la derecha española nunca ha creído en nada de esto,
El 27 de julio pasado el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que ahora se presenta en el Congreso. En dicha ley y con la excusa del infame artículo 135 de la Constitución pactado por PP y PSOE, se da un paso más allá en el empobrecimiento material y social de la población. En esta ocasión el objetivo es vaciar de competencias al 95% de los ayuntamientos (todos los de menos de 20.000 habitantes) se supone que para ahorrar. El resultado final será la desaparición o privatización de todos los servicios que ahora se prestan desde los municipios y que dan servicio a más de siete millones de personas. Millones de euros que hasta ahora se invertían en políticas sociales, en sanidad, educación, igualdad, dependencia... se van a evaporar desde lo público seguramente al negocio privado de amiguetes. Pero además de desmantelar los servicios sociales municipales esta ley busca clausurar la instancia democrática más cercana a la ciudadanía, aquella en la que la democracia y el pluralismo tienen más sentido, donde los vecinos y vecinas tienen más capacidad de decisión acerca del bien común. Se trata no sólo de degradar los servicios públicos, sino también de degradar la política y la democracia, alejando aún más las decisiones políticas de quienes son objeto, y cada vez menos sujeto, de la mismas.
(...)
Es posible que la gente no sepa para qué sirven las diputaciones, pero el PP sí que lo sabe y bien que las ha utilizado. Sirven, entre otras cosas, para que desde ellas pueda ejercerse un poder opaco, nada democrático, sin control, personalista. En las diputaciones están apalancados los Baltar o los Fabra de turno, sin que nadie sepa cómo han llegado allí, qué se supone que hacen o para qué sirven esos cargos excepto, a la vista está, para enriquecerse y manejar hilos (o hilillos, según Rajoy) de corrupción. El PP es muy aficionados a las diputaciones, allí está lo mejor de su casa. Por eso no sólo no las va a hacer desaparecer, como pedía la gente, sino que ahora pretende encomendarles una parte importante del tutelaje de los municipios. Básicamente la reforma va a poner en manos de las diputaciones la contratación en general y la mayor parte de los servicios básicos (basuras, limpieza, agua, pavimentación de las vías, tratamiento de residuos, ...) Es decir, condona y alienta lo que podíamos llamar "el método Baltar", caciquismo y corrupción legalizada, nulo control democrático, privatización de todo, separación de los servicios que se prestan respecto a la ciudadanía que los recibe, de manera que toda cercanía queda cortocircuitada. Los municipios tampoco podrán desarrollar actividades en lo que se refiere a cultura, educación, promoción de la mujer, medio ambiente, vivienda, sanidad, etc.
Así que con la excusa del ahorro, el PP ha encontrado una nueva manera de dificultar la participación ciudadana limitando el poder y la capacidad de gestión de los municipios, al tiempo que encuentra una manera de extender sus redes de caciquismo y clientelismo y de dotarse de más espacios opacos al control democrático que son los que le gustan. El PP no disimula que añora aquella época en la que los caciques tomaban todas las decisiones locales y en los que trabajar o no, vivir bien o regular dependía del cacique de turno. De lo que se trata, además de procurar nuevos negocios a sus amigos, es de que no exista ámbito alguno desde el que la ciudadanía pueda encontrar manera alternativas de organizarse, de decidir respecto a cuestiones básicas que afectan de manera muy importante sus vidas; de lo que se trata es de seguir quebrando, golpe a golpe, el estado social, los derechos, las libertades, la democracia incluso porque la derecha española nunca ha creído en nada de esto; sólo esperaban su momento. ¿Cuándo haremos que llegue el nuestro?
http://www.eldiario.es/zonacritica/ahora-volvemos-caciquismo_6_187291277.html
El taller virtual ,de 40 horas, va dirigido a los cargos electos, directivos y funcionarios municipales e incluso de la Junta de Andalucía
Bah, esos últimos seguro que no se apuntan. De tramitación de ERES van sobraos
(Lo siento lo tenía a huevo)