El Gobierno tiene la obligación de cumplir la Directiva 2012/27/UE aunque haya votado en contra con un razonamiento tan complaciente como equivocado, porque no puede cargar sistemáticamente la crisis del sistema eléctrico a las espaldas del consumidor y porque una economía con una hipoteca desmesurada como su dependencia energética, equivalente al 4,5% del PIB, no puede incentivar el mayor consumo y prescindir del ahorro de energía.